Apuntes sobre la generación distribuida de las energías renovables en América Latina: retos y limitaciones del caso peruano

by | Oct 29, 2021 | Sin categoría | 0 comments

Daniela Soberón[1]

¿Qué es la generación distribuida?

Existen diferentes mecanismos de apoyo para la generación de energías renovables, como las tarifas de suministro, las subastas o la generación distribuida (GD). Este último instrumento se refiere a cualquier tecnología de generación de energía a pequeña escala que proporciona energía eléctrica en un sitio más cercano a los clientes que la generación de la estación central (Gonzalez- Longatt & Fortoul, 2005, p.281). A su vez, tanto la medición como la facturación neta son mecanismos que se utilizan para respaldar la GD.

Fuente: IRENA, IEA & REN, 2018, p.65)

Elaboración propia

Si bien no es la principal fuente de emisiones de GEI en América Latina, el sector residencial emite CO2 por la elevada participación del GLP y otros combustibles fósiles (OLADE, 2021). Por ello, es fundamental implementar mecanismos para la transición energética hacia una matriz limpia desde este sector, tal como la GD.

Experiencias regulatorias de generación distribuida en América Latina

Actualmente, más de 15 países han adoptado una política nacional para implementar la medición neta en América Latina (López et al, 2019, p.20). Entre estos países se encuentran los siguientes, que resaltan por como implementaron la GD en sus jurisdicciones: México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina; que en gran medida lo hicieron para incentivar el crecimiento de las energías renovables.

Sin embargo, el crecimiento del mercado fue lento, principalmente porque las tecnologías renovables todavía eran costosas y poco atractivas; realidad que ya no se mantiene. Sobre todo, la energía fotovoltaica y eólica offshore han reducido sus costos, facilitando así su instalación a nivel industrial y residencial. Sin embargo, aun así, existen barreras económicas para los hogares con menores ingresos, pues acceder a las tecnologías renovables representa una inversión adicional no contemplada.

Por lo tanto, el crecimiento de las energías renovables en la región no solo requiere de regulaciones que generen condiciones idóneas para su implementación, sino también a un mercado con mecanismos atractivos y eficientes de financiamiento. Nuevos esquemas como la GD que permite generar energía en el punto de consumo democratizan el sistema energético aumentando las posibilidades de generar energía renovable aprovechando que el recurso no está concentrado (Martínez & Porcelli, 2018).

A continuación, se destacarán los aspectos más relevantes que fueron incluidos en la regulación de los países con características innovadoras. Además, se analizarán los criterios a considerar para que la GD pueda contar con el financiamiento necesario y sea un mecanismo accesible en toda la región. Finalmente, se tomarán lecciones de estos casos para la regulación peruana, así como los retos pendientes:

  • Argentina (2018): su regulación es la más reciente. No cuenta con límites a nivel residencial y permite la acumulación monetaria durante 6 meses. Este régimen permite la eventual inyección de excedentes a la red. Con respecto a las limitaciones para la GD, la potencia máxima que un usuario puede conectar es aquella que tiene contratada con su empresa distribuidora de energía eléctrica, salvo cuando el ente regulador autorice un valor superior. Un aspecto interesante del caso argentino es que cuenta con beneficio económico para los usuarios-generadores: un certificado de crédito fiscal. Además, también han creado el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) para fomentar la GD eléctrica en industrias, PyMEs y hogares. Sin embargo, la principal barrera en Argentina es la de la crisis económica en el país, que ha traído el cierre de los mercados como consecuencia de la incertidumbre financiera y el establecimiento de controles de capitales y restricciones cambiarias (KPMG, 2021, p.91)
  • Brasil (2012): es uno de los pioneros en esta materia, junto con México. Cuenta con micro y minigeneración, que se distingue por el tamaño del sistema. Además, incluye conceptos como generación compartida o autoconsumo. Tiene acumulación mixta: hay bloque de tarifas en unidades de energía, pero puede pasarse de bloque a bloque con unidades monetarias. No hay derecho a compensación luego del vencimiento. Entre los principales retos se encuentran las bajas barreras de entrada. Inicialmente esto fue beneficioso, pero ahora la cantidad de participantes ha aumentado y esto ha reducido los precios significativamente, en ocasiones por debajo del costo; volviéndose un desincentivo para nuevos participantes.
  • Chile (2012): cuenta con un mecanismo de facturación neta: (i) permite la acumulación monetaria por hasta 12 meses, (ii) no permite el reembolso, sino que opta por la cancelación de estos créditos. Si cuenta con restricciones cualitativas y cuantitativas a nivel residencial. Para el caso de la energía fotovoltaica existen largos tiempos de interconexión y este ha sido uno de los principales obstáculos para la GD en el país.
  • Colombia (2014): permite la acumulación monetaria por un periodo indefinido. Entonces no hay políticas de cancelación o reembolso, justamente por la falta de precisión en el periodo para la acumulación. Existe también el concepto de autogeneración, que, a diferencia de la GD colombiana (venta de energía), tiene las siguientes características: (i) entrega de excedentes, (ii) venta de créditos de energía, (iii) medición bidireccional y simplificada de conexión, (iv) divulgación masiva y focalizada.
  • México (inicios en 1990): es uno de los marcos regulatorios más diversos porque reconoce tres tipos de metodologías de contraprestación de la GD: medición neta, facturación neta y venta total. Se establecen restricciones cualitativas y cuantitativas a las políticas de medición neta a nivel residencial. Existió un enfrentamiento entre la empresa de servicios públicos nacional y la comisión reguladora paralizó la medición neta por casi un año.

Un gran reto para la GD en América Latina es el financiamiento de este mecanismo, pues a nivel residencial, no todos los hogares cuentan con las condiciones económicas para acceder a la tecnología de las energías renovables. Otro desafío es la recuperación de los costos de inversión, pues sin una adecuada regulación, la GD puede terminar elevando las tarifas de electricidad, cargando aún más a los usuarios que no hayan podido financiar la instalación de equipamiento eléctrico, lo que se asemeja al caso brasileño.

Además, incluso existen retos a nivel ambiental, pues no todas las energías renovables son totalmente positivas por su nivel de eficiencia en el uso de recursos o por su impacto al nivel de deshechos. Por ejemplo, algunas tecnologías, como la incineración de desechos, la combustión de biomasa y la combinación de calor y energía pueden requerir agua para generar vapor o enfriar. También, algunas tecnologías de energía distribuida pueden causar algunos problemas ambientales negativos al final de su vida útil cuando se reemplazan o eliminan.

Por ello es fundamental que los países de la región desarrollen programas de soporte para los hogares menos favorecidos, considerando las condiciones a las que se enfrenta el mercado de las renovables. Una aproximación global y desde el Estado es necesaria para que exista accesibilidad y seguridad energética, pues las soluciones por cada caso concreto pueden ser ineficientes. Esto puede implicar el desarrollo de incentivos eficientes para que el uso de esta tecnología sea más atractivo, así como la implementación de programas de recojo de residuos para evitar el acumulamiento de los equipos.

Sobre el caso peruano

Desde el año 2018 está pendiente la aprobación del Reglamento de la GD en el Perú, que aún se mantiene como proyecto. La norma propuesta presenta dos regímenes de GD: el de mediana generación distribuida (MGD) y el de micro generación distribuida (MCD).  Mientras que el primero es para aquellos casos donde la capacidad sea mayor a 200 kW y menor o igual a 10 MW, que se conecta a la Red de Distribución de Media Tensión; el segundo es para los casos que se conectan a la Red de Distribución de Baja Tensión o Media Tensión y donde la potencia máxima de generación instalada no puede superar los 200 kW.

Uno de los principales problemas de esta regulación es que delega muchos aspectos a procedimientos adicionales que tendrían que ser aprobados luego del Reglamento, lo cual significaría un retraso temporal para la implementación de la generación distribuida en el Perú[2]. Además, es necesario que incluya el método de compensación (energético o monetario), así como el periodo para utilizar el crédito y si habrá alguna política de reembolso o de cancelación.

La implementación de un mecanismo como la GD, considerando todas las experiencias de los países vecinos, es necesaria, pues la demanda energética peruana crece constantemente y a través de la descentralización de la energía habrá mayor seguridad a nivel nacional. Este instrumento puede contribuir al cierre de brechas a nivel de electrificación rural, por ejemplo, convirtiéndose en una herramienta que abogue por la justicia climática.

Además, la GD ayuda a la progresiva independencia del sector residencial a los combustibles fósiles, tales como el gas natural. Es fundamental que en un futuro no se amplíe el alcance de la GD a otras fuentes que no sean renovables no convencionales, pues son las que actualmente necesitan ser aprovechadas en mayor medida; por sus diversos beneficios económicos, sociales y climáticos. La era de los combustibles fósiles está llegando a su fin y la transición energética debe ser progresiva, por los potenciales impactos sociales. Sobre todo, en un país como el Perú, donde la masificación nacional del gas natural es una política del Estado desde hace más de 20 años.

Conclusiones

  • A pesar de que la GD esté presente en 17 países de América Latina y el Caribe, aún existe una asimetría informativa sobre su funcionamiento, pues la información sobre el mecanismo gira en torno a tecnicismos. Luego, la capacidad técnica para instalar pequeños proyectos de renovables a nivel doméstico es aún deficiente en países como Perú o Ecuador, lo que dificulta la celeridad para instalar sistemas de GD. También, a nivel político, países como Chile, con condiciones generales atractivas para las inversiones verdes, han generado un desincentivo para la GD residencial: la demora por trámites burocráticos. Finalmente, el financiamiento de este mecanismo es fundamental para su funcionamiento, pues aún no es accesible para todos los hogares. Además, ante la ausencia de financiamiento puede surgir un mercado alternativo, donde los consumidores se perjudiquen con equipos de instalación deficientes, por sus bajos costos.
  • Con respecto al caso de estudio, el marco regulatorio peruano existente para las energías renovables es aún insuficiente pues ante la ausencia de reglamentación de la norma donde se regula la GD se imposibilita su desarrollo en el Perú. Además, a nivel residencial, el rol de los combustibles fósiles es aún predominante para la electricidad, a pesar de que el potencial del recurso solar y eólico es elevado.
  • Entonces, es fundamental que se implemente la GD, pues permitiría que este sector tenga una alternativa limpia para generar su energía. Para eso, debe considerarse el impacto socioeconómico de un instrumento como este, pues no todos los hogares cuentan con las condiciones presupuestales para acceder a un sistema de energía renovable, a pesar de los actuales bajos costos. Por esto es por lo que es necesario tomar en cuenta alternativas de financiamiento para los hogares con estas dificultades y así generar un mecanismo descentralizado.

Bibliografía

Chea, M (2019). Distributed generation growing in Latin America. Recuperado de: https://www.pv-magazine.com/2019/08/20/distributed-generation-growing-in-latin-america/

Gonzalez-Longatt, F., & Fortoul, C (2005). Review of the Distributed Generation Concept: Attempt of Unification, p.281. Recuperado de: https://www.icrepq.com/full-paper-icrep/275-GONZALEZ.pdf  

IRENA, IEA y REN. (2018). Renewable Energy Policies in a Time of Transition, p.65. Recuperado de: https://www.irena.org/publications/2018/apr/renewable-energy-policies-in-a-time-of-transition

KPMG (2021). Energía Renovables en Argentina. Desafíos y oportunidades en el contexto de la transición energética global, p.91. Recuperado de:  https://www.dropbox.com/s/bn00s4xgzokf1sr/informe_ERA_2021_ares%20vf.pdf?dl=0

Martínez, N., & Porcelli, M. (2018). Análisis del marco legislativo argentino sobre el régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red pública. Revista Jurídica de Los Derechos Sociales, Vol.8(num.2), 179–198. https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/3490/2759

[1] Abogada por la Universidad del Pacífico con una Especialización en Energías Renovables por la Universidad de Earth y la Renewable Energies Academy – RENAC. Co- fundadora del Instituto de Políticas Climáticas (IPC).

[2] Existen situaciones similares, como la de la metodología de cálculo de potencia firme, que se demoró ante la falta de voluntad política.

 

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